El embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel que se produce en una mujer adolescente, entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia entre los 10 y los 19 años.

El embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública que afecta a las mujeres jóvenes y, en particular, a las de sectores más vulnerables. Múltiples estrategias se han desarrollado para reducir los embarazos a temprana edad – la mayoría de éstos no planificados-, reconociendo el impacto tanto biomédico como psicosocial que genera en las y los jóvenes. 

La OMS considera fundamental la promoción de la educación sexual, la planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos y la asistencia sanitaria universal en el marco de la salud pública y los derechos reproductivos para evitar los problemas asociados al embarazo adolescente.

En Chile, desde el año 2008, se ha venido observando una disminución en los nacimientos de hijos de madres adolescentes, situándonos como uno de los países con las cifras más bajas dentro de Latino América y el Caribe. Sin embargo, se observa una resistencia a la baja, por lo que sigue siendo un tema de preocupación. Por otra parte, las cifras del embarazo repetido en la adolescencia se han mantenido estables en la última década, causando inquietud por su impacto en el desarrollo y trayectoria de vida de una madre joven y de sus hijos, y un mayor desafío para la prevención. A su vez, la paternidad en la adolescencia es también un tema a considerar. Si bien las cifras han disminuido al igual que la maternidad en esta etapa, el adolescente que asume su paternidad puede ver impactado su desarrollo si no cuenta con el apoyo y la orientación necesaria para enfrentarla, pues culturalmente la obligación de asumir su rol como proveedor aún prima en el cumplimiento de su responsabilidad como padre.

El acceso universal a la educación sexual integral y a una atención de salud pertinente para adolescentes, como derechos fundamentales para acceder a recibir información, orientación y atención adecuadas y oportunas en relación al desarrollo de la sexualidad a través del ciclo vital, incluyendo la prevención del embarazo, siguen siendo temas en los que no es fácil progresar. A nivel nacional, avanzar en la legislación y normativa que contribuya a la prevención no ha tenido recientemente la prioridad que requiere esta problemática, por ello resulta imperativo mantener presente el tema en la agenda de los tomadores de decisiones.